El ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski puede perder más que la presidencia, a la que se vio obligado a renunciar por acusaciones de corrupción. Apenas el Congreso aceptó su dimisión a la jefatura del Estado el viernes pasado y se quedó sin la inmunidad que el cargo le daba, la fiscalía le abrió investigación por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht y otras empresas que, según la hipótesis fiscal, habrían sido favorecidas por Kuczynski a cambio de varios millones de dólares cuando en la década pasada fue ministro. Por esas relaciones el Congreso había pedido su destitución, pero Kuczynski renunció antes que ésta sea debatida y votada.  

El sábado, apenas 24 horas después que dejó Palacio de Gobierno, un juzgado ordenó el impedimento de salida del país para Kuczynski por considerar que existía un riesgo de fuga. El mismo sábado, la fiscalía allanó la residencia del ex mandatario en el barrio de San Isidro, uno de los más exclusivos de la capital peruana, una segunda vivienda de su propiedad contigua a la primera, y su casa de campo en Cieneguilla, en las afueras de Lima. Los allanamientos duraron doce horas. La fiscalía incautó documentos, registros de transacciones bancarias y equipos de cómputo. A través de su cuenta de Twitter, Kuczynski calificó como “un show” el allanamiento a sus viviendas y habló de “persecución y venganza política”.   

A este caso de favorecimiento de intereses privados desde la función pública a cambio de millonarios beneficios, se agregaría contra PPK, como se le conoce al hoy investigado ex presidente, un segundo proceso por financiamiento ilegal de una de sus dos campañas electorales. Hace tres semanas, el ex jefe de la constructora brasileña en el Perú, Jorge Barata, acogido en Brasil a los beneficios de la delación premiada, declaró que esta empresa entregó 300 mil dólares a la campaña de Kuczynski en 2011, en su primer fallido intento de llegar a la presidencia. El ex presidente podría enfrentar un tercer proceso penal por la compra de votos en el Congreso para intentar evitar su destitución. Por este último caso, que a diferencia de los otros se ha dado durante el ejercicio de su función presidencial, tendría que pasar por un antejuicio en el Congreso antes de ser llevado a los tribunales.

En su solicitud para que se ordene impedir la salida del país al ex presidente, el fiscal Hamilton Castro señaló que “hay sospechas de criminalidad” en la relación de PPK como ministro con Odebrecht y otras empresas. El abogado de Kuczynski en este caso es César Nakasaki, el mismo que defendió al ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000) en los procesos de lesa humanidad y corrupción que terminaron en una condena a 25 años. PPK indultó en diciembre a Fujimori. Nakasaki, convertido en un experto en defender políticos acusados de corrupción y violadores a los derechos humanos, también es abogado del ex presidente Ollanta Humala (2011-2016), en prisión preventiva acusado de recibir financiamiento ilegal de Odebrecht para su campaña electoral.

La relación de PPK con Odebrecht se inició en 2004 cuando era ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña. Poco después asumiría como primer ministro de ese régimen. Esa relación, que se prolongó hasta 2014, se dio a través de una empresa de asesoría financiera de su propiedad, Westfield Capital, y una segunda empresa de asesoría, First Capital, de un socio suyo. Ambas recibieron más de cinco millones de dólares de Odebrecht. Hasta ahora se ha identificado que luego de complejas movidas financieras, que incluían el traspaso de dinero de una consultora a la otra y el uso de empresas off shore, más 3 millones 400 mil dólares de ese monto llegó a cuentas personales de PPK.

Uno de los proyectos por los que Odebrecht contrató a Westfield para una asesoría fue por la construcción de la carretera interoceánica que une Brasil con la costa peruana, obra por la cual la empresa ha confesado pagó un soborno de 20 millones de dólares al ex presidente Toledo para ganar la licitación. Kuczynski tuvo papel central en la entrega de esa licitación.

En su defensa, PPK ha dicho que en los años que fue ministro se desligó del manejo de Westfield Capital y no sabía de los contratos que su propia empresa firmaba. Pero las evidencias lo desmienten. Dice que le delegó el manejo de su empresa a su amigo y socio Gerardo Sepúlveda, pero ante la fiscalía éste ha declarado que si bien él firmó a nombre de Westfield los contratos que la consultora hacía cuando PPK era ministro, Kuczynski no le delegó el control de la empresa como alega. No existe ningún documento sobre esa supuesta transferencia de poder. Sepúlveda, que visitaba a PPK en su despacho de ministro, ha dicho que él se quedaba con el 50 por ciento de los montos de los contratos que firmaba y el resto iba para la empresa, es decir para PPK, su único propietario.

Sobre First Capital, el ex presidente argumenta que no tiene ninguna relación con esa empresa. Pero el dueño de First Capital es Gerardo Sepúlveda, es el mismo al cual PPK asegura haber delegado en esos años el manejo de Westfield Capital. Hay múltiples evidencias de una estrecha relación entre ambas empresas y entre las dos con PPK. Ambas consultoras funcionan en la misma dirección en Miami y entre las dos se pasaban una a otra los contratos de asesoría a Odebrecht. Hay pagos registrados desde First Capital a cuentas de PPK por más de 600 mil dólares y otros que salían de First Capital a Westfield.

Pero al ex presidente no solamente lo complica su relación con Odebrecht. Cuando Kuczynski era ministro, Westfield Capital también dio asesoría financiera al consorcio TGP, que explota el gas de Camisea, el mayor yacimiento gasífero del país, al tiempo que PPK tuvo un rol central en decisiones del gobierno para entregarle a TGP sin licitación la explotación de un yacimiento de gas, permitir la exportación del gas que por ley estaba reservado para el consumo interno y darle al consorcio gasífero una serie de beneficios tributarios.

La situación de Kuczynski, un veterano economista que ha ocupado diversos cargos públicos desde los años sesenta y que tiene un largo historial de lobismo y de favorecer intereses privados desde la función pública, se complica seriamente. En una ironía de la historia, Kuczynski podría terminar ocupando la celda VIP que Fujimori dejó libre al ser indultado por PPK en una de las últimas decisiones de su corto y muy cuestionado gobierno.

Artículo publicado en el diario Página 12 de Argentina el 26 de marzo de 2018.