El ex dictador Alberto Fujimori (1990 - 2000), que en 2009 fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y en diciembre pasado fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, podría volver a prisión. Un tribunal ha decidido procesarlo por un nuevo caso de graves violaciones a los derechos humanos: el secuestro, tortura y asesinato de seis personas. Como por ley el indulto presidencial otorgado a Fujimori alcanza solamente los casos por los que éste ha sido sentenciado, para blindarlo el presidente Kuczynski también le otorgó el derecho de gracia, un beneficio para quienes están procesados, medida que lo excluyó de un nuevo juicio en marcha por la llamada “matanza de Pativilca”. Por este caso, en julio pasado se había iniciado proceso judicial contra Fujimori y una veintena de otros acusados, pero en diciembre el ex gobernante quedó fuera de este proceso por el derecho de gracia presidencial. Por decisión unánime de sus tres miembros, la Sala Penal declaró inaplicable este beneficio y ordenó que el ex dictador vuelva a ser incluido como acusado en este caso. El procurador del gobierno apeló esta decisión judicial. También lo hará la defensa de Fujimori. 

Los familiares de las víctimas han pedido la anulación del indulto y del derecho de gracia. Lo segundo ya lo consiguieron, lo que ha significado la primera derrota legal del ex gobernante desde que Kuczynski le otorgó un cuestionado indulto humanitario -denunciado como producto de una negociación política- en la última noche de Navidad, una decisión que gatilló las protestas ciudadanas y una grave crisis política. La anulación del indulto está pendiente de resolverse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la Corte IDH falla contra el indulto, Fujimori volvería a prisión sin necesidad de esperar el resultado de este nuevo juicio.

El tribunal decidió dejar sin efecto el derecho de gracia presidencial a favor de Fujimori argumentando que no se habían cumplido los requisitos legales para otorgarlo, pero fue más allá de los temas de procedimiento, señalando que el derecho de gracia otorgado a Fujimori “resulta incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos”. Organismos como Amnistía Internacional elogiaron esta decisión judicial.

Fujimori deberá sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados. Esta vez tendrá que responder por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Pativilca, a unas tres horas por carretera de la capital peruana. El crimen fue cometido por el destacamento militar Colina, creado en el gobierno de Fujimori y que actuaba como un escuadrón de la muerte del régimen fujimorista.

En la madrugada del 29 de enero de 1992, los militares del grupo Colina ingresaron a las humildes viviendas de seis campesinos y los secuestraron. Las víctimas tenían entre 17 y 38 años. En la noche del día siguiente sus cadáveres aparecieron en un cañaveral, con disparos de bala en la cabeza y signos de haber sido torturados. El secuestro y ejecución se produjo cuando los campesinos tenían un conflicto por un terreno con un empresario. El crimen fue atribuido al grupo armado maoísta Sendero Luminoso, pero en 2006 un militar del grupo Colina confesó que ellos habían sido los autores. Reveló que los campesinos fueron golpeados y quemados con un soplete en diversas partes del cuerpo antes de ser ejecutados con disparos en la cabeza.

Con esta confesión, en 2012 se abrió proceso judicial contra 23 acusados, entre autores mediatos y directos, pero en ese momento Fujimori no pudo ser incluido porque era necesario que previamente la Justicia de Chile, país desde el cual fue extraditado en 2007, apruebe la ampliación de la extradición para incluir este nuevo caso. Eso recién ocurrió en junio de 2017, y un mes después se incluyó a Fujimori como acusado. En las próximas semanas, el proceso debe ingresar a su etapa final de juicio oral. Junto con Fujimori son procesados quien fuera su poderoso asesor y responsables de los trabajos sucios de su gobierno, el ex capitán Vladimiro Montesinos, el general Nicolás Hermoza, jefe de las fuerzas armadas durante la dictadura fujimorista, y los integrantes del grupo Colina.

Fujimori es acusado como autor mediato de estos seis asesinatos. En un juicio anterior, un tribunal ya lo encontró culpable de ser autor mediato de otros dos crímenes cometidos por el comando militar Colina -los emblemáticos casos de Barrios Altos y La Cantuta, en los cuales fueron asesinadas 25 personas, incluyendo un niño de ocho años- y lo condenó a 25 años, la misma pena que el fiscal pide en este nuevo caso. En esa condena anterior se señaló que el ex dictador tenía el mando sobre las operaciones ilegales del grupo militar Colina. Un antecedente fundamental para este nuevo juicio. En los próximos días se debe decidir si mientras dura este nuevo proceso se ordena para Fujimori, quien tiene antecedentes de fuga para evadir la Justicia, prisión preventiva u otra medida restrictiva, como el impedimento de salida del país.

El indulto que le dio Kuczynski liberó a Fujimori de cumplir la pena completa por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta -al menos por ahora, a la espera del pronunciamiento de la Corte IDH-, pero el indulto no incluye el caso Pativilca, y si Fujimori es encontrado culpable, algo altamente probable por el antecedente del proceso anterior, tendrá que volver a prisión. Para el ex dictador la cárcel aparece nuevamente como una probabilidad cercana.

Artículo publicado en el diario Página 12 de Argentina el 21 de febrero de 2018.